(adital).La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) divulgó ayer (24) una nota en la cual pide que los Estados Europeos reconozcan la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y que se constituya un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los delitos económicos y ambientales cometidos. La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima (Perú), deliberó sobre el tema, considerando que los europeos son culpables. Durante los días 13 y 14 de mayo, testigos denunciaron las violaciones contra los derechos humanos y el medioambiente cometidas por las empresas multinacionales europeas en América Latina.
Ahora, con la deliberación del TPP, los indígenas piden que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la Onu, que tenga la "propuesta de mostrar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para el TPP, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron robados la tierra, esclavitud indígena, asesinatos de pueblos originarios, genocidio cultural; actualmente, la invasión es producida por las grandes empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, tiran productos químicos en el suelo y contaminan las aguas.
En ese sentido, están incluidas: la Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca; la Empresa Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Las empresas son responsables también de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras. En esa violación a los derechos humanos, la violencia es practicada por el ejército, la policía y grupos armados irregulares. La Unión Fenosa es nuevamente culpable. En operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, no cumplió con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es responsable de la represión ilegal a comunidades en Brasil y en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda. La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de los Mapuches, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los campesinos son perjudicados en forma especial, pues la biodiversidad está en peligro. El comportamiento de las empresas va a llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido "de consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".
Ahora, con la deliberación del TPP, los indígenas piden que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la Onu, que tenga la "propuesta de mostrar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para el TPP, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron robados la tierra, esclavitud indígena, asesinatos de pueblos originarios, genocidio cultural; actualmente, la invasión es producida por las grandes empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, tiran productos químicos en el suelo y contaminan las aguas.
En ese sentido, están incluidas: la Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca; la Empresa Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Las empresas son responsables también de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras. En esa violación a los derechos humanos, la violencia es practicada por el ejército, la policía y grupos armados irregulares. La Unión Fenosa es nuevamente culpable. En operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, no cumplió con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es responsable de la represión ilegal a comunidades en Brasil y en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda. La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de los Mapuches, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los campesinos son perjudicados en forma especial, pues la biodiversidad está en peligro. El comportamiento de las empresas va a llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido "de consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".
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